CONSULTA PÚBLICA PREVIA

Iniciativa normativa sobre cláusulas sociales y medioambientales y la reserva de mercados en la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha de inicio: 24/06/2017

Fecha de fin: 08/07/2017

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

 

El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión de fecha de 6 de abril de 2015, adoptó la Proposición no de Ley 8L/PNL-0417 Sobre la inclusión de cláusulas de contenido social en los Pliegos de Condiciones de Contratación Administrativa cuya aprobación fue publicada el 17 de abril en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias nº 158. En dicha resolución “El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que, previa la tramitación oportuna y su redacción definitiva por el Servicio de Contratación, se apruebe la inclusión en los Pliegos de Cláusulas en la Contratación Administrativa en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos y Empresas/Fundaciones Públicas, así como en sus anuncios de licitación y en sus contratos, condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, referidas, en particular, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social”.

de la iniciativa

DOCUMENTACIÓN

de participación

INFORME

La introducción de cláusulas sociales y medioambientales y la reserva de mercado en la contratación pública está respaldada legalmente a nivel comunitario por las recientes Directivas de 2014 sobre contratación pública. De entre las numerosas referencias a este campo, puede destacarse el artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que recoge que los Estados miembros podrán reservar el derecho a participar en los procedimientos de contratación a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas o prever la ejecución de los contratos en el contexto de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 % de los empleados de los talleres, los operadores económicos o los programas sean trabajadores discapacitados o desfavorecidos.

Con esta iniciativa, se pretende reforzar la labor que realizan las empresas de inserción y los centros especiales de empleo tanto desde un punto de vista social, con la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la generación de capital social, medioambiental, con la introducción de criterios de producción ecológica, y económico, con su contribución, no solo en forma de impuestos, sino también, ayudando al establecimiento de actividades difícilmente deslocalizables y que generan beneficio en la comunidad donde se implantan.

Se busca, además, incorporar criterios sociales y medioambientales en la contratación pública de las Administraciones de Canarias que fortalezcan las políticas medioambientales y de inserción laboral que se llevan a cabo en la actualidad. En este sentido, la contratación pública se concibe desde un punto de vista instrumental y no finalista. La introducción de este tipo de criterios debe ser un incentivo para que las empresas participantes en los concursos también los implementen en sus procesos productivos.