INFORMACIÓN PÚBLICA

Anteproyecto de la ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos

Fecha de inicio: 25/05/2017

Fecha de fin: 15/06/2017

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La Comunidad Autónoma de Canarias, aun cuando ha regulado aspectos parciales del estatuto de los miembros del Gobierno y de los demás altos cargos de las entidades del sector público, en la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, y en la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no cuenta con una norma que conforme el régimen jurídico de los cargos públicos del Gobierno, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las demás entidades del sector público autonómico.

de la iniciativa

DOCUMENTACIÓN

de participación

INFORME

El actual contexto socio-económico ha determinado el incremento de las demandas y exigencias sociales de clarificación del régimen jurídico de los servidores públicos, y especialmente de quienes están al frente de la administración y dirección de los asuntos públicos, en el sentido de que las personas que desempeñan los cargos públicos reúnan la capacitación necesaria, que se precisen los derechos, deberes y obligaciones que les incumben en el ejercicio de los cargos, de forma que la gestión que desarrollen esté presidida por los principios de eficacia, eficiencia y prevalencia de los intereses generales, así como que la misma se lleve a cabo con las debidas condiciones de objetividad e imparcialidad. Pero, además, las exigencias no se restringen a la observancia y cumplimiento de las normas legales o reglamentarias, sino también a que su actuación esté inspirada y guiada por principios éticos y de conducta que impidan la puesta en riesgo de su objetividad e imparcialidad.

Las demandas y exigencias ciudadanas hacen necesario recoger en distintos instrumentos las normas, reglas y principios que conforman el régimen a que deben atenerse las personas que sean designadas para el desempeño de los cargos públicos, abandonando la tradicional perspectiva de regulación de las incompatibilidades que conlleva su ejercicio con otras actividades públicas y privadas, a una perspectiva más integral, en la que se trata de configurar su estatuto, recogiendo los requisitos exigidos para el acceso, los derechos, deberes y obligaciones que conlleva el ejercicio de las funciones que se le atribuyen, las normas y reglas que deben regir su conducta y actuación, los mecanismos de transparencia, seguimiento y control de su cumplimiento, así como el régimen de responsabilidades ante los eventuales incumplimientos de sus deberes y obligaciones.

DOCUMENTACIÓN DE LA INICIATIVA

1. Informe de la iniciativa (PDF)

2. Lista de evaluación (PDF)

3. Ficha económica (PDF)

4. Borrador del anteproyecto de ley (PDF)